Estudio: Políticas mineras para Bolivia

La minería fue, es y será una actividad de gran importancia en la economía boliviana. El año 2021, más del 50% de las exportaciones nacionales correspondieron al sector minero y, cada vez más, los desocupados o subempleados del país buscan refugio en la minería cooperativizada, particularmente, en la aurífera.

A pesar de esta relevancia, el estado de la minería no es de los mejores. No hay nuevos descubrimientos de yacimientos, no hay nuevas empresas, ni inversiones externas significativas; la Corporación Minera de Bolivia no funciona como corporación, el gobierno se resiste a su refundación y la forma en que se manejan sus empresas componentes es, por decir lo menos, improvisada. Por otro lado, el subsector cooperativo incrementa, diariamente, su peso cometiendo muchas irregularidades y perjudicando al país.

Mostrando una miopía alarmante, no se modifica el objetivo del sector y se sigue exportando material sin procesar, consolidando la política extractivista tan criticada. Si la meta fuera maximizar los excedentes generados por la explotación de los minerales, se promovería la instalación de plantas metalúrgicas para evitar la exportación de minerales.

Si no se toman varias medidas urgentes e importantes, el futuro de la minería es corto. Es fundamental conseguir inversiones de riesgo que ayuden a descubrir nuevos yacimientos; debe reconstruirse la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) porque la única forma de evitar que el Estado pierda en la explotación de sus recursos no renovables es que tenga el control sobre todos los eslabones de la cadena de valor, al menos hasta que se mantenga el objetivo de generar divisas.

Adicionalmente, debe modificarse, integralmente, la política del oro. Bolivia pierde, cada año, más de mil millones de dólares por la explotación de este metal estratégico, pero no sólo el oro es el problema; al exportar zinc, el país pierde más de USD 1.000 millones anuales que son transferidos a procesadoras extranjeras. La explotación de oro está fuera del control estatal. Los operadores no pagan las regalías que corresponden; operan, mayormente, sin licencia ambiental, desviando ríos e ingresando a áreas protegidas; se asocian con empresas privadas, casi todas extranjeras; se apropian de territorios donde los organismos del Estado no pueden ingresar; no pagan los impuestos que deberían; y cometen otras irregularidades más que muestran una débil presencia del Estado en estas actividades.

Procesar los minerales de zinc dentro del territorio nacional es una tarea que es complicada. Hay muchos intereses foráneos y locales que interfieren en las buenas intenciones del gobierno y que, hasta el momento, han impedido la instalación de plantas metalúrgicas para llevar a cabo el tratamiento del zinc y la recuperación de sus acompañantes.

Un sueño colectivo que, con el paso del tiempo, se convierte en pesadilla, es la industrialización de las salmueras de los salares. Se comenzó con vigor y decisión; pero, al pasar a la segunda fase de la estrategia e intentar el ingreso a la tercera, lo previsto no funcionó. La planta industrial de cloruro de potasio, apenas opera al 15% de su capacidad; el nivel de recuperación del litio, por la tecnología empleada es muy baja y se ha pensado en sustituirla por otra, más cara, pero mucho más eficiente. La asociación que se había pensado, estratégica, con una empresa alemana, fue, abruptamente interrumpida por la presión popular y ahora el proyecto está a la deriva.

El Mutún, gran yacimiento de hierro, sigue su camino, lleno de obstáculos, que debería conducirlo a la siderurgia y a la generación de excedentes para desarrollar el oriente boliviano. Este gran depósito tiene muchas desventajas para constituirse en una alternativa de desarrollo.

Para cada problema, hay posibles soluciones que corresponden a políticas mineras. Si éstas se pusieran en marcha, la minería tendría muchas posibilidades de convertirse en una actividad con futuro y generadora de excedentes que servirían para sustentar el desarrollo nacional.

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