Encuentro del Grupo de Reflexión y Debate sobre Desinformación

En esta oportunidad Ramiro Álvarez (Argentina), subdirector del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), habló sobre su estudio en 2019 sobre la desinformación. Su principal hallazgo destacó el temor generalizado hacia la desinformación, pero subraya la falta de investigación empírica que explique sus efectos, alcance y las motivaciones detrás de la difusión de información falsa. En la actualidad, Álvarez observa que, aunque ha habido una exposición creciente a la desinformación y un aumento en su consumo, las personas no necesariamente creen en la veracidad de la misma. En cuanto al rol de los funcionarios públicos, identifica que deberían tener una responsabilidad en evitar la propagación de información falsa. Aunque no son los generadores primarios, su influencia en redes sociales puede amplificarla, facilitando que la desinformación se vuelva viral y afecte el debate público. A pesar de varios estudios empíricos sobre los efectos de la desinformación impulsada por agentes públicos, aún no existen conclusiones definitivas.

Por otro lado, Jesús Vargas Villena (Bolivia), investigador del proyecto periodístico Verdad con Tinta, discutió otro tipo de impacto de la desinformación. En un contexto Tarijeño de elecciones conflictivas, señaló la aparición de "guerreros digitales" respaldados por recursos estatales, promoviendo un control social que margina a quienes expresan posturas contrarias al gobierno. En términos de datos concretos, Vargas mencionó el significativo gasto en publicidad en plataformas como Facebook por parte del gobierno, así como la presencia de cuentas falsas y la manipulación de la opinión pública mediante memes y comentarios estratégicos (450 mil dólares en publicidad en Facebook, 879.705 dólares en publicidad del gobierno de Tarija, Ordenes de servicio de 64.527 dólares, de 397 interacciones, al menos 20 son cuentas falsas).

El resumen final que se dio del evento fue que la desinformación, a pesar de nuestra incredulidad inicial, no es tan insignificante como creíamos. Además, el derecho puede ser una herramienta crucial para desincentivar la propagación de desinformación, a pesar de que actualmente no esté estrictamente regulada. El desvío de recursos públicos se utiliza frecuentemente para exponer lo que podríamos llamar un "ejército de trolls". Los factores éticos juegan un papel crucial aquí, aunque la autorregulación parece ser la única medida viable. Además, enfrentamos desafíos conceptuales y sesgos metodológicos debido a la dificultad para obtener información precisa. Es imperativo abordar el tema de la industria publicitaria, que actúa como impulsora de la desinformación y a menudo se ignora.